El pasado miércoles se realizó en la Carpa de la Resistencia del Bañado Norte un encuentro entre líderes comunitarios, el Serpaj-Py y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), donde se presentó el informe Derechos Humanos en Paraguay 2016 y se abordaron los capítulos referidos específicamente al derecho a la vivienda y a la tierra.

José Galeano, de Enfoque Territorial, habló sobre el crecimiento urbano desordenado en Asunción y Central como producto del desarraigo rural con asentamientos informales sin seguridad jurídica ni acceso a servicios básico. Expresó que existe un crecimiento urbano sin urbanización y con un Estado cuya política en la materia se refleja en la falta de datos al respecto en la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Asimismo, señaló que ante las necesidades de 1.500.000 viviendas la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) apenas cubre el 1% de los requerimientos.

Posteriormente, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy, se refirió al capítulo sobre desalojos forzosos, uno de los temas del año en el informe, mencionando las obligaciones del Estado de garantizar a las personas el acceso a vivienda, tierra, educación y trabajo, por lo que antes de realizar cualquier desalojo, incluso cuando corresponda formalmente, se debe asegurar que las familias afectadas no sean privadas de estos derechos. Sin embargo, en el modelo de desarrollo sin inclusión que predomina en nuestro país existe una denegación estructural de derechos, afirmó.

Por último, María García, de la Cobañados, criticó que las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la zona no tengan en cuenta a la gente y se implementen sin ningún tipo de consideración social. Se reafirmó en que el Estado tenga en cuenta la propuesta de desarrollo de los pobladores como la defensa costera para solucionar de manera definitiva el problema de las inundaciones y que, según el asesoramiento técnico recibido, es una alternativa viable, aseguró.