Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) observamos con preocupación las iniciativas legislativas que buscan expropiar tierras del Estado Paraguayo sin un profundo control y verificación de la situación de las mismas. 

Según el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, son 7.851.295 hectáreas el total de tierras malhabidas en Paraguay que fueron entregadas de manera irregular entre 1954 y 2003. 

El conflicto por la tierra ha costado la vida de 115 dirigentes campesinos entre 1989 y 2013, mientras la recuperación de las tierras malhabidas y la reforma agraria siguen siendo utilizadas en los discursos políticos, pero no son implementadas efectivamente. 

Los casos de las tierras del Ministerio de Defensa y de las tierras en Corateí son solo una muestra del manejo irregular para el acceso a la tierra y la búsqueda de seguir beneficiando a los amigos del poder. 

Estas y todas las tierras malhabidas identificadas en el informe mencionado deben ser recuperadas por el Estado y ser puestas a disposición para una verdadera reforma agraria que priorice la producción nacional, agroecológica y respetuosa del ambiente y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. 

Preocupa asimismo la asimetría en el tratamiento de los casos, que involucran a comunidades campesinas e indígenas, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los Juzgados actúan con violencia y rapidez, se destruyen casas, huertas, cultivos e inclusive escuelas reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto. Se han verificado muertes de personas en los violentos procedimientos, como en el reciente desalojo ocurrido en la Finca 66, barrio Che la Reina, de Ciudad del Este, o posteriormente al costado de la ruta donde se quedan desamparadas familias enteras. 

Sin embargo, cuando los ocupantes provienen de otros estratos sociales, las acciones del Estado son cautelosas y respetuosas hacia los mismos. 

En todos los casos, el Estado Paraguayo tiene la obligación de agotar las instancias previas, verificar los derechos en conflicto, utilizar los mecanismos legales para eventuales desalojos y por sobre todo, precautelar los derechos y la integridad física de las personas. Inclusive ante la posibilidad de un desalojo judicial se deben brindar las salvaguardas exigidas internacionalmente: comunicación clara, planificación y coordinación para el evento, alternativas para la reubicación temporal y permanente, atención médica y atención a la niñez y adolescencia durante el evento, entre otras. 

Ante estas circunstancias, instamos a las autoridades nacionales a avanzar seriamente en los procesos de recuperación de las tierras malhabidas, la realización de un proceso de catastro nacional de tierras en todo el país y la implementación efectiva de la reforma agraria.  

Asunción, 04 octubre de 2023

Coordinación de Turno de Codehupy: Aireana, Asociación Callescuela y Base Is.

Dante Leguizamón, Secretario Ejecutivo de Codehupy.