El Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá dictaminó el sobreseimiento definitivo para mujeres de la comunidad 1° de Marzo, en el departamento de Canindeyú, debido a la extinción de la acción penal por la prolongada demora en el proceso judicial.

El tribunal resolvió que, dado que han transcurrido más de cuatro años, el tiempo máximo permitido para una acción penal, se extingue la acción penal y, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento definitivo de las acusadas.

Cabe recordar que en 2021, el tribunal ya había sobreseído a estas mujeres campesinas por la prescripción del hecho, que es otro tipo de incidente, resolución que fue apelada por la fiscalía y el Tribunal de apelaciones ordenó el reenvío para nuevo juicio. Esta reciente resolución se da en un tercer juicio oral, reafirmando una victoria más para las mismas.

El caso refleja una clara persecución por parte del Estado paraguayo contra estas mujeres, quienes fueron criminalizadas por reclamar la recuperación de sus tierras en busca de una vida digna para ellas, sus familias y su comunidad. Las acusadas soportaron un extenso proceso judicial por el supuesto delito de invasión de inmueble ajeno, aunque la defensa argumentó desde el inicio que la Fiscalía carecía de pruebas suficientes y que el proceso estaba plagado de irregularidades.

La resolución del sobreseimiento definitivo marca un hito en la lucha por la justicia y los derechos de estas mujeres campesinas, que durante diez años enfrentaron un proceso judicial injusto. Celebramos esta victoria como un paso más hacia la reivindicación de sus derechos y la recuperación de sus tierras.

Antecedentes:

Este proceso judicial se remonta al año 2014, durante el cual las mujeres fueron injustamente acusadas y criminalizadas por el fiscal Jalil Rachid. La acusación tenía como objetivo alejarlas de su lucha por la tierra y evitar que continuaran exigiendo que el Estado recupere las tierras ilegítimamente poseídas por la familia Bendlin, destinadas a la reforma agraria.

Según la Comisión de Verdad y Justicia, establecida por el Estado para investigar los abusos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), las casi 5.000 hectáreas en disputa fueron entregadas irregularmente a la empresa Perfecta S.A., de la cual son accionistas miembros de la familia Bendlin. Estas tierras fueron transferidas posteriormente a la Ganadera Pindo S.A., también de la misma familia.

Desde 2012, la comunidad 1° de Marzo se estableció pacíficamente en parte de estas tierras y actualmente unas 430 familias residen allí, formando una comunidad con todas las infraestructuras básicas. Estas familias han reclamado formalmente ante diversas instituciones del Estado la restitución de las tierras para la Reforma Agraria.

Lo que concretamente hicieron las lideresas campesinas fue conformar una comisión vecinal, asociación que es requisito reglamentado y exigido por el propio INDERT para peticionar regularización de tierras destinadas a la reforma agraria. El Ministerio público las acusó por ese hecho, lo que constituye una clara criminalización del derecho a la asociación. 

El tiempo del hecho por el que se las acusó ya prescribió, pero además, el pasado jueves 23 de mayo en audiencia de juicio oral y público, ante el incidente de extinción de la acción penal por demora prolongada de justicia planteado por abogados de la Codehupy, el Tribunal de Sentencias de Saltos del Guairá realizó un recuento de los tiempos procesales donde resolvió favorablemente la extinción y sobreseimiento definitivo de las mujeres campesinas de 1.º de marzo.