El día del trabajador y la trabajadora encuentra a nuestro país con suspensiones, despidos e inseguridad laboral.

Sin Covid19 Paraguay ya era un escenario terrible para los y las trabajadoras, con una tasa de informalidad del 71% (BM, 2019) que afecta principalmente a jóvenes y mujeres. Además, 78% de los trabajadores no cuenta con seguridad social, quedando en un contexto como el actual en total desamparo.

La pandemia del coronavirus vino a agravar la situación y afecta a cerca de 1.800.000 trabajadores informales, ya que por el aislamiento cerraron sus pequeños negocios o no pudieron salir a realizar las tareas y servicios que le permiten subsistir día a día. Mientras, en el sector formal más de 72.000 trabajadores fueron suspendidos y cerca de 10.000 fueron despedidos en menos de dos meses de cuarentena. Por otra parte, alrededor del 55% de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas cerrarían entre marzo y mayo de este año, según ASEPY.

Más que nunca es necesario que el Estado impulse la Protección Social de las y los trabajadores con el aumento de la previsión social o formalización del trabajo decente, esto significa, cuanto menos, el cumplimiento de los derechos laborales y en especial la seguridad social. Asimismo, el Estado debe apoyar fuertemente la iniciativa de jóvenes para la creación de MPyMES, otorgándoles capacitación, asistencia técnica y crediticia.

Además, es necesario implementar programas de formación técnico profesional, intermediación laboral, pasantías empresariales, becas, teniendo en cuenta las especificidades del empleo urbano y rural no agropecuario. En todas estas políticas se debe priorizar a mujeres y jóvenes, dado que son quienes más sufren la informalidad y violación de derechos, como se evidenció en las últimas semanas con la vuelta de cientos de compatriotas provenientes del Brasil, que, ante el desempleo en nuestro país, se vieron forzados a migrar para emplearse en maquilas y en la ilegalidad en muchos casos.

En un país donde casi 1.700.000 personas viven en situación de pobreza, sin posibilidad de cubrir siquiera el costo de una canasta básica por mes, la angustia y el hambre se apoderaron de los hogares, como consecuencia de la pérdida de fuentes de ingresos y de la incapacidad del gobierno de garantizar un Sistema de Protección Social que al menos cuente con un seguro por desempleo u otras políticas públicas cuya ausencia se evidencia en este contexto.

Desde hace décadas la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), viene realizando en su informe anual, recomendaciones sobre cuáles son las políticas públicas más urgentes para proteger a trabajadores y trabajadoras, sin embargo la política de gobierno parece impulsar el retroceso de los derechos, tanto que en plena pandemia el Ministerio del Trabajo se jactó de haber alcanzando un alto número de suspensiones laborales e implementó medidas muy tibias para contrarrestar la grave situación generada por la pandemia.

Sindicatos y Centrales Sindicales comparten de forma casi unánime este 1 de mayo la consigna “Despidos Cero”, el aumento de los subsidios y programas sociales de ayuda, así como una Reforma Tributaria, que deje de lado los privilegios de la clase empresarial. Es urgente que el Estado responda.