Los días 25, 26 y 27 de marzo, diversas organizaciones y sectores de la sociedad paraguaya protagonizaron una serie de movilizaciones en todo el país, con epicentro en la capital. Adultos mayores, campesinos/as, indígenas, estudiantes, trabajadores/as y organizaciones de la sociedad civil, junto a representantes de partidos políticos de la oposición, salieron a las calles para reclamar mejoras en salud, educación, empleo y seguridad social, además de rechazar la injerencia del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Los puntos de concentración fueron el ex Seminario Metropolitano, la Plaza de Armas, la Plaza Uruguaya y la Plaza de la Democracia, donde miles de manifestantes hicieron escuchar sus reclamos en jornadas marcadas por la unidad y la indignación ante el “abandono” del gobierno de Santiago Peña.

Las protestas iniciaron con la movilización de gremios de adultos mayores y diversas organizaciones, incluyendo jubilados, universitarios, yerbateros, trabajadores de entes públicos y privados, y personas con discapacidad, quienes exigieron mejores condiciones de vida y una mayor distribución de los recursos del Estado.

El 26 de marzo, partidos políticos de la oposición, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, se sumaron a las manifestaciones para denunciar políticas gubernamentales que consideran perjudiciales para la ciudadanía.

El 27 de marzo se llevó a cabo la tradicional marcha campesina, indígena y popular, convocada por la Federación Nacional Campesina (FNC). La movilización, que llegó a su 31ª edición, sumó el respaldo de diversos sectores que exigen tierra, producción, justicia y el fin de las leyes que afectan a los trabajadores y sectores más vulnerables.

Entre las principales exigencias de las protestas se encuentran:

• Salud y educación dignas: mayor presupuesto para hospitales y centros educativos, rechazo a los recortes del arancel cero y mejor alimentación escolar.
• Derechos laborales y seguridad social: aumento de la pensión de adultos mayores al 50% del salario mínimo y de personas con discapacidad al 25%, salarios justos y empleos con estabilidad.
• Justicia y democracia: esclarecimiento del crimen de Rodrigo Quintana, rechazo a la criminalización de la protesta social, y lucha contra la corrupción y la narcopolítica.
• Condiciones de vida dignas: acceso a la tierra, apoyo a la producción agraria y rechazo a leyes como el Registro Unificado Nacional (RUN), la superintendencia de pensiones y mipymes.

Ante la magnitud de las movilizaciones, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un pronunciamiento en el que recordó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protesta social. “El Estado Paraguayo no solo está obligado a respetar el ejercicio de estos derechos, sino también a salvaguardar la seguridad de quienes participan en las manifestaciones y evitar cualquier forma de represión o criminalización de la protesta social”, expresó la Codehupy.

En el acto central de la XXXI marcha campesina, indígena y popular, el secretario ejecutivo de la Codehupy, Dante Leguizamón, reafirmó la importancia de estas movilizaciones en la defensa de la democracia:

“La democracia y la participación no es solo votar, la democracia significa involucrarse en la cosa pública, manifestarse, protestar y exigir nuestro derechos, por eso este día y esta semana de manifestaciónes es muy importante para seguir defendiendo la democracia.”

Finalmente, concluyó con un mensaje contundente:

“Reafirmamos nuestro compromiso para acompañarlos codo a codo como lo hemos hecho desde siempre, para defender la democracia y para seguir luchando en contra de la corrupción, de la narcopolítica y en contra de la impunidad. Lo que necesitamos es más democracia y derechos humanos para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, Dictadura nunca más”.

Las movilizaciones de estos días evidenciaron el creciente descontento social y la exigencia de respuestas concretas por parte del gobierno. La ciudadanía sigue en pie de lucha por la justicia, la igualdad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.