El sistema judicial de Paraguay acaba de verse enfrascado en otro escándalo, por fallos que favorecieron a tres políticos de gran influencia, acusados de hechos de corrupción, como el desvío de fondos públicos y el tráfico de influencia.
Cuando fue acusado por tráfico de influencia, el político colorado Óscar González Daher era senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano estatal que controla el desempeño de jueces.
Desde ahí aparentemente dirigía toda una red de actores políticos, fiscales y judiciales que definía extrajudicialmente el resultado de miles de fallos, según los intereses políticos y económicos en juego.
No en vano solamente 2 de cada 10 paraguayos/as confían en su sistema de justicia, y no en vano un ránking mundial entre 141 países ubicó al sistema de justicia de Paraguay como el cuarto peor del mundo por su falta de independencia.
Tras salir de la dictadura de Alfredo Stroessner, desde 1989 la sociedad paraguaya logró grandes avances en la democratización del país, como elecciones competitivas, libertades públicas, adhesión a la mayoría de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, una Constitución Nacional (1992) democrática o la libertad de expresión y publicación de ideas, analiza la politóloga Line Bareiro.
Lo hace en su artículo “30 años de democracia en el Paraguay”, que forma parte del Informe de Derechos Humanos Paraguay 2019, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), publicado en diciembre último.
En el material hace un recuento histórico del proceso de democratización de Paraguay entre 1989 y 2019, y un balance de los avances y los pendientes, pasando por los distintos gobiernos sucesivos y sus tensiones, desde el del Gral. Andrés Rodríguez hasta Mario Abdo Benítez, pasando por el de Fernando Lugo.
“La democracia paraguaya logró elecciones competitivas y libertades públicas, pero hasta ahora no una buena división de Poderes del Estado, principalmente para la deficiente administración de Justicia, sometida por diversos mecanismos al poder político. Tampoco hay Estado de derecho y menos aún Estado social, es decir, Estado de bienestar”, señala.
Para la analista, actualmente Paraguay vive un tiempo de decadencia institucional, que inició con la masacre de Curuguaty y el golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo, y se consolidó con los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.
“La pérdida institucional implica también una pérdida para la garantía de derechos de todas las personas”, precisa.
Como características de este periodo señala el deterioro democrático (pérdida de libertades públicas, retroceso en derechos humanos, debilitamiento de la institucionalidad democrática del Estado, intento de modificación constitucional para habilitar la re-elección presidencial) y de la justicia.
“Quizá el mayor problema sea que el Estado no es de derecho y mucho menos social. Antes bien, las deficiencias judiciales y la falta de propuestas de construcción de un Estado de bienestar son probablemente las mayores debilidades de la democracia paraguaya”, dice.
En momentos en que se debate cada vez más sobre la necesidad de revisar los vacíos de la actual Constitución Nacional, la autora advierte que existe el riesgo de que, “a la hora de hacer las necesarias enmiendas o incluso reforma de una Constitución formulada en un momento de eclosión democrática, se pierdan derechos y garantías tan difícilmente conquistados”.
Bareiro afirma que estamos lejos siquiera de la construcción de una democracia orientada por la igualdad y de un Estado incluyente, aunque “debatir más puede ayudarnos a pensar y proponer caminos para recuperar la senda de búsqueda de mejor democracia y su consolidación”.
En este enlace puede descargar el artículo “30 años de democracia en el Paraguay” 30 Años de Democracia
