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El cese temporal de un principio constitucional como la autonomía universitaria no está en las atribuciones del Ministerio Público y requiere la intervención de un juez.

El abogado Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), afirma que la intervención fiscal y policial durante la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fue totalmente irregular y se realizó en contravención del principio constitucional de la autonomía universitaria.

“La autonomía universitaria es una garantía que conlleva la inviolabilidad de los recintos y edificios universitarios por agentes de las fuerzas públicas”, sostiene.

En este sentido añade que la alteración y eventual afectación de derechos en la manifestación de la UNA, como la denuncia de los asambleístas de no poder abandonar la sala, no puede ser homologada a un hecho punible, puesto que se trata de una protesta legítima que debe ser respetada y garantizada. “Lo que está haciendo el Ministerio Público es un abuso de poder que sigue el mismo patrón de criminalización de la protesta social ya aplicada desde hace muchos años a otros sectores sociales”, refuerza.

Sin embargo, aclara que la autonomía universitaria, que busca garantizar la libertad de pensamiento y enseñanza, no deja a la universidad de manera absoluta fuera de la jurisdicción del Estado. En caso de que exista una situación de afectación de derechos de terceros, un juez debería analizar la situación y, en caso de que corresponda, cesar temporalmente el tipo constitucional de la autonomía, una atribución que de ninguna manera le compete al Ministerio Público. No obstante, esto no justifica un proceso penal, pues no hay indicios de dolo y la intención no fue generar un daño, sino reclamar un derecho.

La fiscala Viviana Patricia Riveros, de la Unidad Penal número 7 de San Lorenzo, ordenó la detención de Paola Pusineri, Amalia Ríos, Fernando Krug y Herbert Segovia, quienes se presentaron esta mañana a declarar ante la agente fiscal. La fiscala analiza imputar a todos los estudiantes que participaron de la protesta y los cargos serían por coacción, coacción grave y privación ilegítima de libertad.

“No tenemos miedo pero es bueno destacar que la Fiscalía trabaja rápido para criminalizar la lucha estudiantil, pero no para que los verdaderos delincuentes estén presos”, manifestó Amalia Ríos.

Los estudiantes realizaron una manifestación este martes exigiendo que la Asamblea Universitaria apruebe la modificación de un estatuto que otorga una representación más igualitaria a los distintos estamentos y evita que el sector docente tenga mayoría propia para imponer unilateralmente sus decisiones, lo cual fue rechazado. También exigen la renuncia del decano de Ingeniería, Ever Cabrera, y del asambleísta no docente de la Facultad de Medicina, Francisco Molas.

Foto: RTV