Ayer se realizó en Asunción el IV Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

El evento reunió a más de 150 referentes de la defensa de derechos campesinos, indígenas, ambientalistas, LGTBI, a la salud, la educación, la memoria histórica, abogadas y abogados, defensores públicos, investigadores y personas expertas en la temática.

En su apertura estuvo presente Mario Samaja, coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay, que reconoció los esfuerzos de la sociedad civil por la promoción de derechos humanos y la protección de defensores.

Desde el 2016 el espacio se empezó a consolidar como una plataforma de encuentro, intercambio de experiencias y reconocimiento del trabajo de personas defensoras de derechos en la realización del estado social de derecho y el régimen democrático.

Uno de los momentos más emotivos del seminario fue el homenaje a ex miembros de las Ligas Agrarias Cristianas, una de las experiencias más emblemáticas de promoción de derechos colectivos en la memoria reciente de Paraguay. La misma fue desmantelada a fuerza de represión por el régimen de Alfredo Stroessner en los 70’s.

Este año el seminario buscó dar visibilidad al papel de personas defensoras de derechos territoriales, como aquellos líderes y lideresas campesinos e indígenas de comunidades como Sauce, Mcal. López, Ñu Pyahu, Joaju y aquellas afectadas por la militarización permanente de sus territorios en los departamentos de Concepción y San Pedro.

A medida que avanzaban las exposiciones y debates fue sobresaliendo el protagonismo del Poder Judicial en la criminalización de personas defensoras de derechos, tanto a través de sus acciones represivas, legitimadoras o absolutorias.

Uno de sus mecanismos más comunes, se señaló, viene siendo el trasladar al ámbito del derecho penal los reclamos sociales de distintos sectores de la sociedad, con lo que trasforma el reclamo de derechos en conductas delictivas.

Frente a esto, se debatió sobre la necesidad de fortalecer al colectivo de derechos humanos en los ámbitos comunicacional, político y jurídico.

Se puso como caso paradigmático de criminalización el del líder campesino Evelio Ramón Giménez, que al no encontrar justicia dentro del sistema local de justicia, llevó su caso hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que terminó condenando al Estado paraguayo en 2018 por haber violado el derecho a la reunión y asociación del dirigente.

Casi en el cierre del encuentro, y a la luz del mismo caso, se habló de usar las fisuras del sistema de justicia para hacer frente a la criminalización y represión de defensores y defensoras, como para la restauración de derechos.

Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), organizadora del evento, adelantó que desde el año que viene entregarán un Premio Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos a personas, colectivos, referentes de trayectoria, periodistas y funcionarios públicos, con el objetivo de visibilizar sus causas y valorar sus aportes.

Organización del seminario

El seminario fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Protesta social y Criminalización de la CODEHUPY.

Contó con la cooperación técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay (ACNUDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Y con el auspicio de los organismos de cooperación internacional Diakonía en Paraguay, Oxfam International en Paraguay, Pan para el Mundo, CCFD y Misereor; y en alianza con la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI), las familias del asentamiento Joaju, y las instituciones Decidamos y TEDIC.