Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Servicio Paz y Justicia, Capítulo Paraguay (Serpaj-Py) manifestamos nuestra preocupación ante el Decreto 1767/24, emitido el pasado 28 de mayo por el Poder Ejecutivo y por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las fuerzas armadas de la Nación en operaciones de defensa interna, en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

La opción por militarizar el territorio no constituye una estrategia capaz de garantizar la seguridad de los derechos básicos de la población. Más bien, la garantía plena de los mismos es la estrategia recomendada y ello implica la intervención permanente en los territorios de los entes públicos especializados, en particular los vinculados con el sistema de protección social. La debilidad más significativa del Estado paraguayo hasta la actualidad es el funcionamiento efectivo de dicho sistema de protección social.

El fenómeno del narcotráfico y/o crimen organizado no se encuentra particularmente focalizado en los departamentos incluidos en el decreto. Hoy el Paraguay no solo es un centro neurálgico de producción y distribución del narcotráfico transnacional, sino que esta capacidad encuentra su soporte en el activo involucramiento de agentes estatales.

Durante los 10 años de intervención militar de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay se han registrado graves violaciones de derechos humanos hacia comunidades campesinas. Las poblaciones campesinas e indígenas arrastran años de existencias permanentemente amenazadas en los diversos territorios en los que luchan por llevar adelante su proyecto de vida. En paralelo al proceso de militarización se despliegan iniciativas vinculadas a un modelo de desarrollo económico extractivo con un gran impacto ambiental, además de generar desplazamiento del campesinado y de las poblaciones indígenas, con la reconversión productiva del territorio de la agricultura campesina.

Por todo lo anterior, consideramos que el Estado paraguayo debe elaborar una política nacional de seguridad y defensa que contemple los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, sujeta a rendición de cuentas de forma transparente y en la cual se garantice la participación de las comunidades con los distintos actores que la conforman. Preocupa, en este sentido, que el actual decreto plantea un tiempo indefinido de duración de la medida.

Además, el Estado paraguayo debería optar por implementar políticas públicas de plena garantía de derechos en los territorios mediante el funcionamiento efectivo del sistema de protección social. La postergación de dicha decisión seguirá profundizando las desigualdades, el malestar social, las precariedades poblacionales, que en realidad es el marco propicio para la expansión del crimen organizado, proceso que de hecho se encuentra en plena marcha.

La militarización como medida para abordar la inseguridad no solo ha demostrado, históricamente, ser insuficiente, sino que expone a las comunidades a situaciones que pueden vulnerar sus derechos.

La participación y el aporte de la sociedad en la construcción de políticas públicas, el control de las acciones del Estado y el fortalecimiento de las instituciones democráticas es fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos.

Asunción, junio 11 de 2024

Coordinación de Turno: Seija, Tape´a y Servicio Paz y Justicia Paraguay – Serpaj

Secretario Ejecutivo, Dante Leguizamón