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El exintendente de Ypehû está acusado por homicidio en grado de instigador.

Este miércoles la causa abierta a Vilmar “Neneco” Acosta, principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, fue elevada a juicio oral por el juez Carlos Martínez. El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.

Martínez señaló que se cumplieron todos los procedimientos formales y que el fondo será discutido en juicio oral y público. Esto en respuesta al pedido de la defensa, que presentó un incidente de nulidad argumentando que no existe un relato preciso sobre la actuación en el hecho atribuida a su defendido, por lo que solicitaron el sobreseimiento definitivo.

La fiscala Sandra Quiñónez se mantuvo en la acusación de homicidio doloso en grado de instigación señalando que tiene la certeza de que Acosta fue quien encargó el homicidio y que cuenta con elementos como el cruce de llamadas, realizadas antes y después de la ejecución del crimen, entre el exintendente y los sindicados como autores materiales –Flavio Acosta Riveros y Wilson Acosta Marques, sobrino y hermano del acusado respectivamente–, quienes fueron reconocidos por una tercera persona que se encontraba en la camioneta con las víctimas, pero que sobrevivió al atentado. Flavio Acosta fue detenido en Brasil y está sujeto a un proceso de extradición mientras que Wilson Acosta Marques permanece prófugo.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), organización integrante de la Codehupy, manifestó su satisfacción por la decisión del juez e insistió en el pedido de justicia en los casos de los 17 periodistas asesinados desde 1991. Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de por qué nunca fue investigada la conversación telefónica mantenida entre Acosta y la diputada colorada Cristina Villalba poco después del asesinato de Medina.

Cabe recordar que el Estado paraguayo se comprometió durante el último Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en enero de 2016, a esclarecer los casos de los 17 periodistas asesinados desde 1991 y aprobar una norma de protección para periodistas en situación de riesgo.

En noviembre de 2016 la diputada Olga Ferreira de López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, presentó el proyecto de ley “De libertad de expresión y protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos”, que se encuentra actualmente en comisiones.