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En el contexto de nuevas medidas restrictivas de la libertad de circulación y otras que, pretenden disminuir el contagio por Covid_19, nuevamente se agudiza el riesgo de violencia institucional ejercida por agentes policiales contra las trabajadoras sexuales quienes, sin un marco legal que reconozca su trabajo, están condenadas a la clandestinidad y la vulneración de sus derechos.

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), red que nuclea a 35 organizaciones sociales, entre ellas Unidas en la Esperanza (UNES) que, a su vez aglutina a mujeres trabajadoras sexuales, extendemos nuestra solidaridad con las compañeras que, son invisibilizadas y están nuevamente bajo mayor riesgo de sufrir violencia institucional por parte de la Policía, debido a las medidas sanitarias.

Las trabajadoras sexuales organizadas reivindican el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la necesidad de un marco legal que reconozca esta situación, de modo a tener derechos laborales, pero sobre todo obtener protección contra la violencia institucional que se erige sobre la base de la discriminación y el estigma, como ya lo ha reportado UNES en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2020.

“Siempre pedimos el reconocimiento over the counter testosterone c del trabajo sexual para que nos ampare, sabemos que no va a solucionar nunca todos los problemas que tenemos, pero sí vamos a tener de dónde agarrarnos (…) que nos dejen trabajar porque es un trabajo, que no nos estén constantemente amedrentando y nos persigan diciendo que nos vayamos a las casas, nuestro trabajo es la noche, nosotras trabajamos a esa hora”, explica Buenaventura Cabañas de UNES.

La violencia institucional de la Policía no es nueva, se viene reportando desde hace varios años en el Informe que la Codehupy publica. En la edición número 25 del 2020, una vez más se visibilizó que sigue siendo común que agentes de esta institución exijan favores sexuales o sobornos a las mujeres trabajadoras sexuales para que éstas puedan ejercer su trabajo. La pandemia, a través de estas medidas que, no tienen en cuenta las particularidades de cada sector, agudiza el problema. Asunción Central y Alto Paraná, son la ciudad y los departamentos donde más casos se registran.

La falta de reconocimiento legal imposibilita, además, que las trabajadoras sexuales accedan a programas de auxilio en este contexto, a pesar de que las restricciones les impiden generar ingresos y garantizar el acceso a alimentación. En este panorama de alta vulnerabilidad, condenadas a la clandestinidad y la violencia institucional se encuentran las trabajadoras sexuales y sin respuesta adecuada del Estado.

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Codehupy, recordamos al Estado algunas de las recomendaciones -incluso reiteradas- sobre el abordaje para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales:

  • Prevenir, combatir y sancionar la violencia institucional e implementar campañas de sensibilización dirigidas tanto a las fuerzas de seguridad como a la población en general para combatir el estigma y la discriminación hacia las mujeres trabajadoras sexuales.
  • Crear y difundir protocolos con enfoque en derechos humanos entre fuerzas policiales y operadores y operadoras de Justicia para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras sexuales.
  • Incluir a trabajadoras sexuales en mesa de trabajo contra la trata de personas.
  • Garantizar de forma urgente el acceso a salud integral.

¿Te interesa el tema?

Te invitamos a leer el artículo “Derechos de las mujeres trabajadoras sexuales: Precarización, estigma y discriminación acentuados por la pandemia”

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