Una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) visitó varias comunidades campesinas que se encuentran en lucha por la tenencia de la tierra en las zonas de los departamentos de Canindeyú y San Pedro. Estas visitas fueron realizadas en carácter de observadores, con el objetivo de monitorear la situación social y judicial de las comunidades y poder brindar asesoramiento desde la mirada de los derechos humanos. Las visitas fueron hechas en los días previos al mes de febrero.
Representantes de CODEHUPY, se constituyeron en el Asentamiento 4 de Mayo de la ciudad de Capiibary del departamento de Canindeyú, con el objetivo de escuchar a los pobladores quienes manifestaron que personas ajenas a la comunidad, buscan apoderarse de 50 hectáreas de un lote que ellos denominan “Reserva Comunal” y que forma parte de la comunidad 4 de Mayo.
Asimismo, manifestaron que a raíz de la lucha emprendida en defensa de sus tierras, el dirigente campesino, Amancio Ruiz, fue víctima de un atentado en su propia casa. Durante la madrugada del 19 de enero, quemaron su vehículo que estaba estacionado frente a su vivienda, gracias a que se percataron del hecho a tiempo, pudieron controlar el fuego. Esto generó preocupación y miedo entre los pobladores.
La víctima presentó una denuncia ante la fiscalía zonal, pidiendo que se investigue lo sucedido y que los responsables fueran castigados.
Sin embargo, al constituirse la comitiva de CODEHUPY a la fiscalía, pudieron constatar que dicha denuncia tenía un proyecto de desestimación, ya que la investigación versaba sobre simples daños materiales, sin considerar el contexto en que sucedieron los hechos y los posibles daños graves que pudieron acontecer.
Por otro lado, la comitiva también visitó el Asentamiento 3 de Julio – Chorrito, ubicado en Suizo Cué, Municipio de Maracaná del Departamento de Canindeyú. Donde los pobladores exigen a las instancias pertinentes la ampliación de su asentamiento, ocupando así un lote que ha estado en desuso. Los campesinos y campesinas se vieron en la necesidad de producir alimentos en dicho lugar, tal es así, que unas 125 familias se dedican a la agricultura familiar, generando alimentos sanos para sus hijos, desde hace más de 8 meses.
Llama la atención que la persona arrendataria ahora reclame las tierras, teniendo en cuenta que unas 1800 hectáreas están produciendo alimentos como batata, maíz, mandioca, zapallo, alimentos que fueron cultivados por los pobladores quienes reclaman respeto por la agricultura familiar, el derecho a la tierra y las garantías constitucionales para una vida digna.
Sin embargo, esta comunidad está sufriendo amedrentamientos por parte de civiles armados, que entraron en el predio a quemar sus viviendas precarias y amenazaron con volver, pero está vez, con tractores para destruir sus cultivos.
Todo esto, sin contar con ninguna orden judicial. También manifestaron los pobladores que reciben amenazas de imputaciones de parte de la Policía Nacional.
Este tipo de arbitrariedades, como los desalojos forzosos y las medidas que restringen la agricultura familiar, van en contra de lo estipulado en la Constitución Nacional en cuanto a garantizar la calidad de vida de las personas, como también los tratados internacionales a los cuales el Estado se ha suscripto.
Ante estos casos, es necesario y es urgente que las instituciones pertinentes como el INDERT y el Ministerio Público, intermedien y diligencien los medios necesarios a fin de garantizar el aprovechamiento de las tierras a beneficio de las familias campesinas, garantizando así todos sus derechos establecidos en la Constitución Nacional.
Aquí la nota completa de:
Defensor ambiental del asentamiento 4 de Mayo de Capiibary fue víctima de un atentado en su vivienda
Ante pedido de ampliación del asentamiento 3 de Julio, pobladores temen a un desalojo forzoso
